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Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías
Informe anual 2005: el estado del problema de las drogas en Europa
Las alteraciones del orden público constituyen una nueva preocupación en el debate sobre la política en materia de drogas, tanto a nivel nacional como europeo. Los comportamientos y actividades comprendidas normalmente bajo el término «alteraciones del orden público relacionadas con las drogas» existen desde hace mucho tiempo en la mayoría de Estados miembros, los países candidatos y Noruega. Por lo tanto, no se trata de un fenómeno nuevo, sino de una nueva tendencia en la política antidroga -evidente por lo menos en algunos Estados miembros- a clasificar y comparar estos conceptos englobándolos en una misma categoría, y a convertir en objetivo de la estrategia nacional en materia de drogas la reducción de su incidencia.
¿Hasta qué punto comparten esta tendencia los países europeos? ¿Existe una definición consensuada para este concepto? ¿Cómo deben valorarse la naturaleza y la extensión de este fenómeno? ¿Qué pretenden alcanzar las políticas y qué tipo de intervenciones se aplican, se hayan diseñado o no específica y expresamente para reducir las alteraciones del orden público relacionadas con las drogas? ¿Se dispone ya de algunos resultados de la evaluación y se han establecido normas de calidad para la intervención? Todos estos interrogantes esenciales se tratan en este apartado de cuestiones particulares.
Mediante un oportuno análisis de cómo está evolucionando el tema de las alteraciones del orden público relacionadas con la droga en el debate político europeo, el OEDT quiere informar a los responsables de formular las políticas y al público sobre la naturaleza del fenómeno y las tendencias y medidas de la política antidroga en este ámbito.
Esta cuestión particular está disponible en forma impresa o a través de Internet únicamente en su versión inglesa.
Dos países han dado pasos para legislar los aspectos relativos a las drogas en el trabajo. En Finlandia, la Ley sobre protección de la privacidad en el trabajo (759/2004) pretende regular y mejorar la privacidad del empleado en relación con los análisis de detección de consumo de drogas en la vida laboral. Esta ley establece que el empresario y el personal deben diseñar un programa antidroga para el lugar de trabajo que incluya planes de prevención y opciones de tratamiento y elaborar un listado de aquellos trabajos que requieran un certificado de haber pasado un análisis para detectar el consumo drogas. Durante el proceso de selección, el empresario solamente podrá solicitar un certificado de análisis de detección del consumo de drogas del candidato seleccionado. El empresario tiene derecho a utilizar la información facilitada en el certificado si el trabajo requiere precisión, fiabilidad, juicio independiente o máxima atención, y si su desempeño bajo influencia o dependencia de las drogas pudiera amenazar la vida o la salud o provocar un daño considerable. Durante el período de duración del empleo, el empleado sólo deberá facilitar un certificado si existe causa para sospechar que es adicto a las drogas o que trabaja bajo su influencia.
En junio de 2004 se publicó en Irlanda la Ley de seguridad, salud y bienestar en el trabajo (Safety, Health and Welfare at Work Bill). Uno de sus apartados exige a los empleados que se abstengan de trabajar bajo los efectos de sustancias tóxicas que puedan poner en peligro su propia seguridad, salud o bienestar en el trabajo, o de otras personas. También exige que los empleados, previa petición razonable por parte del empresario, presenten un análisis adecuado, razonable y proporcionado realizado por una persona competente.
En el nuevo plan de acción de la UE se destaca la prevención en entornos específicos, como por ejemplo el lugar de trabajo. El mayor hincapié en la prevención específica puede ser un contrapeso a la tendencia general de reducción de la gravedad de las penas para los consumidores de droga, quizá debido a la preocupación por la prevalencia y frecuencia del consumo de drogas en la UE. Sin embargo, no hay cifras claras sobre el verdadero alcance de este fenómeno, y los análisis de detección del consumo de drogas que no se limiten a detectar su influencia efectiva pueden dar lugar a complicados problemas jurídicos de privacidad en virtud de determinadas leyes nacionales e internacionales. Mientras tanto, la investigación privada continúa intentando mejorar la precisión de los equipos de análisis y su aceptación por los consumidores.